Unos 200.000 cristianos se congregaron en una aldea de Arunachal Pradesh, estado ubicado al noreste de la India, para protestar contra la inminente implementación de la Ley de Libertad Religiosa, también conocida en medios como “ley anticonversión”.

Según el grupo Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en el Reino Unido, los creyentes se reunieron la semana pasada en la aldea de Borum para rechazar la aplicación de esta ley.

La organización dejó constancia de esto en un comunicado. Medios internacionales reseñaron que esta legislación, criticada por ser un instrumento para atacar a la comunidad cristiana, se implementaría tras una directiva del Tribunal Superior del estado.

El estatuto, inactivo desde su promulgación en 1978, se implementó tras una directiva del organo judicial de Gauhati en septiembre pasado. Informaron que se ordenó al gobierno estatal, liderado por el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata, finalizar las normas en un plazo de seis meses, o a finales de este mes.

La protesta, organizada bajo la bandera del Foro Cristiano de Arunachal Pradesh, marcó el clímax de semanas de oposición a la ley, que según la comunidad cristiana viola su derecho constitucional a la libertad religiosa.

Dado que los cristianos representan más del 30% de la población de Arunachal Pradesh, el Foro sostiene que la legislación afecta desproporcionadamente a su comunidad, mientras que deja a otros grupos religiosos, como los budistas y los seguidores de religiones indígenas, intactos.

La legislación, aprobada originalmente por la Asamblea Legislativa para preservar las prácticas religiosas de las comunidades tribales de Arunachal, prohíbe las conversiones logradas mediante la fuerza, la inducción o medios fraudulentos. Además, exige que quienes deseen convertirse a una religión obtengan la aprobación previa de las autoridades del distrito.

Influencia del cristianismo

En una reunión celebrada en febrero con el ministro del Interior del estado, los líderes cristianos solicitaron la derogación de la ley, pero se les informó que el gobierno debía acatar la directiva del tribunal. En respuesta, el Foro prometió intensificar sus protestas, incluyendo planes para una manifestación por el referéndum si la ley no se derogaba para finales de marzo.

La Sociedad de Fe y Cultura Indígena argumenta que las conversiones al cristianismo amenazan las prácticas culturales tribales. El grupo organizó recientemente una contramanifestación y una "Sadbhavna Pad Yatra" (marcha a pie) a favor de la legislación, exigiendo su rápida implementación.

El cristianismo ha traído consigo importantes cambios culturales a Arunachal Pradesh, en particular la transformación de ciertas prácticas tradicionales. Antes de su introducción, costumbres como el consumo de alcohol y la venganza eran ampliamente aceptadas como parte de la norma cultural en muchas comunidades tribales.

Con la expansión del cristianismo, estas conductas se han desalentado cada vez más, ya que la fe exige disciplina moral, perdón y no violencia. Muchos conversos han adoptado estilos de vida centrados en las enseñanzas cristianas, promoviendo la paz, el bienestar comunitario y el rechazo de prácticas consideradas perjudiciales o divisivas.

Las leyes anticonversión afirman que los cristianos obligan o dan dinero u objetos materiales a los hindúes para persuadirlos a convertirse al cristianismo. Suelen afirmar que nadie puede usar la amenaza del desagrado divino, lo que significa que los cristianos no pueden hablar del Cielo ni del Infierno, ya que se consideraría una forma de incitar a alguien a convertirse.

Los cristianos, que representan el 2,3% de la población de la India, en comparación con casi el 80% de los hindúes, a menudo enfrentan ataques con el pretexto de detener las conversiones “forzosas” al cristianismo.

Aunque los nacionalistas hindúes denuncian sistemáticamente conversiones forzadas o coaccionadas, sólo unas pocas personas han sido condenadas en virtud de una ley anticonversión, e incluso esas condenas todavía están bajo apelación.

En la actualidad, 11 estados aplican leyes contra la conversión.