La polémica sigue girando en torno al panfleto que las autoridades del colegio AMEN en Neuquén hicieron distribuir entre los alumnos de primaria, que decía: “Sí a ser mujer o varón según Dios me creó y chau a toda idea falsa sobre mi sexualidad”.

Esta exposición de una visión bíblica de la sexualidad, acorde a la identidad evangélica del colegio, ha motivado todo tipo de ataques; el primero fue la iniciación de un sumario contra la entidad educativa.

El último ha surgido de tres diputadas kirchneristas que salieron a pedirle explicaciones al ministerio de Educación de la provincia de Neuquén.

Piden que la Legislatura provincial le pregunte al ministerio que conduce Cristina Storioni, si se cumple la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas y privadas; cuáles son las formas de control que se implementaron para hacer efectiva la ley y -entre otras cosas- si hay sanciones por incumplimientos.

Reacciones a favor y en contra

Se suceden voces de condena y expresiones a favor del proceder de las autoridades de la escuela. Entre estas últimas, la del pastor de la Iglesia Jesús es Rey, Hugo Márquez, quien en una carta a las autoridades de Culto de la provincia, expresó: “Me temo que se está avanzando sobre la libertad de conciencia, de culto y de enseñanza”.

En sintonía con Márquez se expresaron los dos diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez y David Schlereth, quienes también optaron por el formato carta o comunicado. Los legisladores dijeron ver una “persecución lanzada contra el Colegio Bautista de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (AMEN) desde algunos medios de prensa, partidos de izquierda y funcionarios provinciales”.

Las esperadas voces en contra de lo actuado por las autoridades del colegio las ensayaron el director de Diversidad de la Provincia, Adrián Urrutia; la ex diputada provincial por el Frente de Izquierda y ganadora de las elecciones para la conducción capitalina del gremio docente (ATEN), Angélica Lagunas; y las vocales gremiales en el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Acoso legal en la provincia del Chaco

En esta misma línea de pensamiento contrario a la cosmovisión cristiana de la sexualidad, está en trámite un proyecto de ley en la provincia del Chaco, creando el “Programa Provincial de Prevención y Asesoramiento ante situaciones de Abuso o Maltrato a Niños, Niñas y adolescentes y ante violencia basada en el género en ámbitos religiosos”.

Ante esto el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) ha mostrado alarma y preocupación por contener dicho proyecto “una mirada claramente discriminatoria y disvaliosa hacia la religión en general y las iglesias y comunidades de fe en particular, a las que atribuye la práctica de una difusa “violencia religiosa” que se querría combatir.  Para ello propone imponerles “cursos de capacitación” a cargo de “abogades” (sic), “desde una perspectiva de género, diversidad y de nuevas masculinidades”, y la creación de “una base de datos que pueda oficiar de insumo ante nuevas denuncias”, entre otras medidas. 

CALIR entiende que “el proyecto parte del supuesto de que las iglesias y comunidades religiosas son ámbitos de manipulación, explotación, violencia y abuso de las personas y en particular de las mujeres”.

“Las iglesias, comunidades religiosas y comunidades educativas pueden y deben tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia sexual o de otro tipo contra niños, mujeres y personas vulnerables.  Pero al mismo tiempo deben hacerlo en el marco de su propia identidad, libres de imposiciones ideológicas y de injerencias inadmisibles de las autoridades públicas en su vida interna. El Estado puede y debe legítimamente perseguir y castigar el delito y razonablemente puede aspirar a contar con la colaboración de las comunidades religiosas en esa tarea, pero de ninguna manera puede presumir como lo expresa el Proyecto, que esas comunidades son ámbitos regidos por la violencia y la violación de derechos de las personas, y por tanto imponerles procedimientos internos o miradas ideológicas”.

Enfatizan la ideal relación entre los estados y las comunidades religiosas como de “recíproca autonomía, y colaboración” pero de ninguna manera “el avasallamiento o la imposición de una policía o control de las ideas y las creencias”.

Por todo ello, concluyen “El proyecto que nos ocupa no debe ser aprobado, porque es violatorio de las libertades religiosa, de pensamiento, de expresión y de asociación, garantizadas por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos”.