Representantes del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) y de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de República Argentina (ACIERA) mantuvieron una reunión con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá para expresarle su preocupación sobre el tratamiento en esa Cámara, de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Asistieron Christian Hooft  (Presidente de Aciera), junto con David Frol, Gustavo Grancharoff, Marilina Hotton y Juan Navarro Floria por parte de CALIR.

Le expusieron al Senador Rodríguez Saá su preocupación ya que por el modo en que está concebida la Convención puede convertirse en un instrumento para restringir severamente algunas libertades fundamentales, como la libertad religiosa, de expresión y de educación.

La Convención, explicaron, no concilia de modo satisfactorio el loable objetivo de combatir las discriminaciones injustas con la garantía y protección de la libertad religiosa y de expresión, tal como ha sido advertido en otros países que han negado su aprobación.

Finalmente se solicitó a Rodriguez Saá que los legisladores suspendan la aprobación de esta Convención y que previo debate -que hasta ahora no hubo, formulen las reservas y salvaguardas necesarias para evitar que un instrumento que se presenta como protector de los derechos humanos se convierta en una herramienta de censura, persecución y restricción de esos mismos derechos.

Al día siguiente a la entrevista y por votación unánime, la Comisión decidió que el tratamiento de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e Intolerancia vuelva a su seno para su análisis y debate, convocándose a expertos e interesados, lo que constituye un avance al escucharse los argumentos presentados.

Defender la "tolerancia" de forma intolerante

La Convención crea e introduce un concepto novedoso, el de la “intolerancia”, equiparado al ya establecido de la discriminación; y lo hace en términos vagos e indeterminados.

Crea un nuevo derecho humano, consistente en el derecho a ser protegido por el Estado de toda forma de intolerancia en el ámbito público o privado, según la percepción de cada grupo o individuo de sentirse víctima de ella. Al mismo tiempo, determina que deban ser especialmente protegidas las personas o grupos que integran nuevas categorías hasta ahora no consideradas en otros instrumentos internacionales, como la orientación sexual, identidad o expresión de género, las “opiniones de cualquier naturaleza”, la condición migratoria, y otras.

La Convención obliga al Estado a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar lo que alguien considere una manifestación de intolerancia, por una variedad de medios que incluyen la prohibición de publicar opiniones en medios de comunicación, incluida Internet, la privación de financiamiento a quien sea considerado intolerante, la prohibición de “métodos o herramientas pedagógicas que reproduzcan estereotipos o preconceptos” respecto de alguna de las situaciones arriba mencionadas, entre otros.

Esto choca con un componente esencial de toda religión es la propuesta de unos principios morales y la exigencia a sus miembros de atenerse a ellos. La prédica, no solamente del dogma sino de la doctrina moral de cada religión debe poder hacerse con total libertad y sin temor a censuras o sanciones fundadas en la percepción subjetiva de personas o grupos de sentirse no tolerados.