Desde el mes de abril, más de 150 evangélicos pertenecientes a la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión han sido desplazados sistemáticamente de sus comunidades en el estado de Hidalgo y según la ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW), funcionarios del gobierno están presionando para que firmen un acuerdo que viola las protecciones de derechos humanos en México.

El pastor Rogelio Hernández Baltazar y el líder de esta congregación, Nicolás Hernández Solórzano expresaron en rueda de prensa que no aceptarán un acuerdo impulsado por el gobierno municipal de Huejutla de los Reyes.

Según informó CSW, ese acuerdo permitiría a los líderes locales responsables del desplazamiento forzado masivo, imponer multas de 150.000 pesos mexicanos (aproximadamente 9.000 dólares) a las víctimas, prohibir el regreso de tres familias y permitir que otras familias retornen bajo severas restricciones a su libertad de religión o creencia.

“La posición del Gobierno Municipal de Huejutla de los Reyes es indefendible”, dijo la jefa de Defensa de la Christian Solidarity Worldwide, Anna Lee Stangl.

“Al impulsar este acuerdo ilegal, se hacen cómplices de las atroces violaciones en curso de la libertad de religión o de creencias en Coamila y Rancho Nuevo. Esto es inaceptable en un país democrático como México, que garantiza la libertad de religión o de creencias para todos en su constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos de las que es parte” agregó.

Los desplazamientos

El éxodo de la Iglesia Bautista La Gran Comisión empezó el 26 de abril. Los creyentes encontraron refugio en el edificio de la Presidencia Municipal y luego fueron trasladados a otro lugar.

Al no tener más suministros del gobierno local, recibieron ayuda humanitaria y alimentos por parte de otras iglesias locales.

Según la prensa internacional, este grupo incluye 75 niños y bebés, y el apoyo inicial brindado fue extremadamente insuficiente para satisfacer sus necesidades.

Se ha denunciado que desde el 2015, las violaciones de derechos humanos relacionadas con la libertad de religión han sido graves en los pueblos vecinos de Coamila y Rancho Nuevo en Hidalgo como la obligación de participar en festivales religiosos católicos romanos, incluidas donaciones financieras y actos de culto.

A pesar de la documentación detallada de estos incidentes, el gobierno municipal niega que estén relacionados con la religión.

Más denuncias

En diciembre de 2022, un miembro de la iglesia fue hospitalizado en estado crítico después de haber sido atado a un árbol y golpeado por los líderes de la aldea, según un informe anterior de la CSW.

Medios internacionales han reseñado que algunos miembros de la comunidad se han enfrentado a detenciones arbitrarias, palizas, denegación de atención médica, despidos laborales, bloqueo del acceso a lugares de enterramiento y confiscación de tierras. Han denunciado que desde el 2018, a los niños de minorías religiosas se les ha prohibido asistir a la escuela local.

Open Doors USA mencionó a la violencia de los cárteles de la droga, las prácticas católicas tradicionalistas y la discriminación por parte de grupos anticristianos como incidentes que han aumentado la persecución en México, y es por eso que ha subido de rango en su Lista Mundial de Vigilancia.