La ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW) con sede en Reino Unido, denunció que ya han pasado más de 50 días desde el desplazamiento de unos 150 protestantes bautistas hasta el estado de Hidalgo, México, sin que el gobierno haya tomado medidas significativas para abordar el caso.

La Iglesia Bautista Fundamental Gran Comisión en el municipio de Huejutla de Reyes, incluidos más de 70 niños y bebés, fueron sacados por la fuerza de sus hogares en las aldeas de Rancho Nuevo y Coamila por líderes de la comunidad católica local el 26 de abril según denunció en su momento CSW.

La organización británica explicó en un comunicado que la secuencia de acontecimientos que condujeron al desplazamiento, implicó el corte de electricidad, vandalismo contra la iglesia protestante y el bloqueo del acceso a las viviendas, lo que conlleva a violaciones de la libertad religiosa.

Comunidades indígenas cristianas de México. Foto publicada por @CSWadvocacy en X (24/12/23)

Graves amenazas

Medios internacionales reseñaron que el gobierno municipal se ha distanciado, aconsejando a los desplazados a que accedan a las exigencias de los líderes católicos, que incluyen multas punitivas en función de la duración de su fe protestante, que ahora ascienden a 750.000 pesos mexicanos, lo que equivale a más de 40.000 dólares.

Christian Solidarity Worldwide dijo que Margarita Cabrera Román, recién nombrada directora de Asuntos Religiosos del Estado de Hidalgo, regresó a la capital del estado, Pachuca, después de no poder resolver la situación por supuestamente tratarse de una “mera disputa vecinal” sin reconocer su trasfondo religioso.

Por otra parte, agregaron que los funcionarios municipales han sugerido que la comunidad resuelva los problemas de forma independiente.

Un llamado a la nueva presidenta

Anna Lee Stangl, jefa de defensa de la CSW, hizo un llamado a la presidencia entrante de Claudia Sheinbaum para que priorice la protección de las libertades religiosas.

Anteriormente, esta defensora expresó que si el gobierno estatal se niega a proteger los derechos de las minorías religiosas, el gobierno federal debe intervenir, añadiendo que el estado debe abordar la cultura de impunidad que permite que tales violaciones no se controlen, garantizando que las familias puedan practicar cualquier religión o creencia sin enfrentan multas ilegales o presiones para renunciar a sus creencias.

Stangl también criticó a los gobiernos locales y estatales por su pasividad y negación de la discriminación religiosa en juego. Instó al gobierno a garantizar la rendición de cuentas a través del sistema de justicia.

Por otra parte, Open Doors USA mencionó anteriormente que la violencia de los cárteles de la droga, las prácticas católicas tradicionalistas y la discriminación por parte de grupos anticristianos son incidentes que han aumentado la persecución en México, y es por eso que ha subido de rango en su Lista Mundial de Vigilancia.

En este sentido, añadieron que este tipo de fenómeno se parece a muchos pequeños grupos rurales de personas que practican antiguas religiones populares en todo el mundo. Puertas Abiertas llama a este tipo de persecución “violencia de clan”.