Más de 150 evangélicos han regresado a sus hogares en el estado de Hidalgo, México, luego de haber sido desplazados por la fuerza hace cinco meses por líderes de la comunidad y grupos religiosos.

El acuerdo fue alcanzado entre los cristianos y las autoridades locales de las aldeas de Rancho Nuevo y Coamila en el municipio de Huejutla de Reyes, según informó Christian Solidarity Worldwide (CSW), donde se afirma a través de un informe, que la resolución fue facilitada por funcionarios estatales y municipales.

El regreso de las personas, entre ellas más de 70 niños y bebés, es el final de un conflicto que marca un precedente en cuanto a violaciones de la libertad religiosa en México.

Según algunos analistas, la intolerancia en estas zonas está influenciada por la Ley de Usos y Costumbres, que permite a las comunidades indígenas autogobernarse en formas que a veces entran en conflicto con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

En los términos del acuerdo, se restableció el suministro de electricidad y agua a las casas afectadas, y la comunidad protestante acordó reanudar las contribuciones a los fondos comunitarios, que habían estado suspendidas desde 2015.

El gobierno también decidió poner fin a una investigación criminal contra los responsables del desplazamiento, dando tiempo a las víctimas para evaluar sus propiedades y acceder a programas de ayuda patrocinados por el Estado si fuera necesario.

Anna Lee Stangl, directora de incidencia política de CSW, dijo: “El acuerdo negociado por los gobiernos del estado de Hidalgo y del municipio de Huejutla, y acordado por las autoridades de Coamila y Rancho Nuevo y la comunidad de la minoría religiosa desplazada, sirve como ejemplo de lo que se puede lograr, en términos de proteger la libertad de religión o creencias y hacer cumplir la ley mexicana, cuando hay voluntad política y una inversión de tiempo y otros recursos por parte del gobierno”.

Las autoridades municipales recién elegidas, actuaron para resolver la crisis, con el Secretario de Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, y la Directora de Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román.

Inicios del conflicto

Las presiones hacia las minorias cristianas en esta zona de México no eran nuevas, pero se intensificaron el 26 de abril, cuando los líderes de la aldea, principalmente católicos romanos, cortaron la electricidad, destrozaron una iglesia y bloquearon el acceso a las casas de los evangélicos.

Al ser desplazados por la fuerza, el grupo vivió en condiciones precarias, especificamente en un edificio municipal y, más tarde, en un complejo deportivo. Dependían de las iglesias locales para obtener alimentos y del agua del río para su higiene, lo que provocó enfermedades e infecciones generalizadas.

Anteriormente, el presidente y director ejecutivo de Open Doors USA, David Curry comentó que los católicos tradicionalistas suelen perseguir a los cristianos mexicanos.

Aseveró en esa oportunidad que la persecución es similar a la "violencia de clanes", una dínamica usada en pequeños grupos rurales practicantes de antiguas religiones populares.